José Verona, abogado especialista en tributación y asesoría empresarial vaticinó que las empresas socias peruanas terminarán quebrando o en proceso de reestructuración, y más de 100 mil trabajadores en la calle.
RCR, 06 de diciembre 2017.- La situación de las empresas peruanas socias de Odebrecht es muy preocupante, principalmente por el lado del interés social, debido a que todas ellas están operativas y ejecutando obras a nivel nacional. Si sucede como en el caso de la firma brasileña que en el Perú ha paralizado la mayoría de sus operaciones luego de ser procesada judicialmente, sería un desastre por la inacción del Estado que no se habría preocupado por la continuidad de los proyectos, sostuvo José Verona, director del Grupo Verona, especialista en tributación y asesoría empresarial.
“Si bien es cierto, hay que saludar la lucha contra la corrupción, en paralelo es importante que nos preocupemos por que las obras continúen su desarrollo, pues solamente de esta manera se puede garantizar que la economía peruana se reactive”, indicó el experto.
Otro aspecto preocupante, dijo, es que muchos funcionarios del Estado, principalmente los responsables de llevar adelante licitaciones y contratos, no están firmando ningún documento por temor a lo que podría suceder en cualquier tipo de investigación.
El especialista reafirmó la gravedad del caso, por cuanto serían alrededor de 100 mil trabajadores que pertenecen a estos grupos económicos y es probable que la quiebra de estas empresas sea inminente, más aún cuando el Decreto de Urgencia 003, modificado en el Congreso, los penaliza para trabajar con el Estado. “El fututo que avizoro es que estas empresas van a terminar quebrando, cerrando o pasando por un proceso de restructuración mucho más agresivos de los que ya hubo”, vaticinó.
COMPLICIDAD DE SUNAT
Verona proyectó que a partir de ahora habrá una fiscalización bastante incisiva por parte de la SUNAT debido a que no detectaron la evasión de tributos que se produjo entre el 2011 y el 2015, por parte de estos consorcios, que se materializó a través de la cuenta “Riesgos Adicionales”, que era como se encubría la coima.
“Contablemente esta cuenta no existe en las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) ni para las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). La SUNAT debió darse cuenta de esta argucia legal y proceder a sancionar. Si no lo hizo, que pasó en ese entonces, hubo una inacción monumental”, señaló.
Verona descalificó las declaraciones del actual presidente de Graña y Montero, Augusto Baertl, quien manifestó hace poco, que los Estados Financieros de la empresa habían sido auditados todos los años por una empresa de prestigio internacional, y no se había encontrado ningún elemento de prueba de malos manejos o pagos de coimas.
“Lo que ha dicho es señor es totalmente falso, el dictamen de este estudio concluye que no le han proporcionado la información adecuada, toda la documentación para hacer una revisión óptima. Es decir, ocultaron información que permitiera un informe correcto”, afirmó
VENTA DE ACTIVOS
En relación a la venta de activos que se ha verificado en los casos de las tres empresas peruanas consorciadas, expresó que no solo ellas, sino la propia Odebrecht ha vendido sus activos delante de los ojos del estado.
Ante esto, señaló su extrañeza que el mandato de detención que ordenado contra los directivos de estas empresas no haya venido acompañado con la intervención de sus oficinas administrativas, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía o la SUNAT para incautar toda la información relevante que hubiera, y saber si había más corrupción que la que ya conocemos. “Cuando cae la cabeza de una empresa, es inminente la intervención a las empresas para acreditar ver si hay más hechos que investigar”, señaló.
Verona finalizó revelando además que, según información oficial, las empresas involucradas o que han sido socias de Odebrecht suman 53, y no son solo las tres que se mencionan continuamente.
