Sostiene Rubén Vargas, viceministro de Orden Interno del ministerio del Interior.
RCR, 05 de diciembre 2017.– La responsabilidad de controlar la minería ilegal y regular la minería artesanal es de cada gobierno regional. Lamentablemente, en muchos casos, como se ha denunciado en La Rinconada en Puno, o en casi toda la región Madre de Dios que son zonas castigadas por esta lacra, el poder corruptor es muy fuerte y fácilmente corrompe a los funcionarios públicos, sostuvo Rubén Vargas, viceministro del Orden Interno del ministerio del Interior, en diálogo con Red de Comunicación Regional (RCR).
“Se conoce que hay gestiones regionales que están otorgando concesiones mineras en lugares prohibidos como las zonas de amortiguamiento de los Parques Nacionales, así como también se han presentado casos que autorizan operaciones mineras en el cauce de los ríos. Esos son actos verdaderamente criminales”, advirtió.
Agregó: “A través del procurador, se debe presentar una denuncia contra esos funcionarios, pero para que se pueda traducir en una sanción efectiva, es necesaria una rápida actuación de los operadores de justicia, esto es Fiscalía y Poder Judicial. También es muy importante el papel de los medios de comunicación, sobre todo ahora que se acercan las elecciones municipales y regionales”.
El viceministro comentó que un aspecto muy grave en torno a la minería ilegal, al margen del daño al medio ambiente, son las situaciones negativas que provoca, como la trata de personas, la esclavitud laboral, la prostitución, el alcoholismo, etc., que afectan la dignidad humana. En el caso de Puno, dijo, la policía está trabajando en una estrategia para procurar solucionar estos problemas, pero lamentablemente no existe el compromiso de todos los sectores involucrados, ni de las entidades regionales.
DENUNCIA CONTRA DREM PUNO
Como se informó en exclusiva por RCR, el director de la Décima Región Policial, general Roger Tello, hizo una gravísima denuncia en contra del titular de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Puno, Miguel Rodríguez. Mediante oficio remitido al gobernador regional, Juan Luque Mamani, reveló que el citado funcionario trató de interceder de manera irregular a favor de dos detenidos en un operativo contra la minería ilegal en el centro poblado La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina.
En su comunicación, el representante de la PNP detalla a Luque, que el pasado 9 de noviembre, la policía de La Rinconada intervino a dos sujetos a quienes se les imputó el presunto delito de peligro común por tenencia ilegal de material explosivo, destinado presuntamente a la minería ilegal. El oficial responsable de la captura informó que recibió una llamada de Rodríguez, “tratando de interceder por los detenidos en la intervención policial, aduciendo que la carga pertenecía a la empresa Venus SAC, solicitando se le brinde las facilidades del caso”. Es decir, pedía que la policía los libere, y peor aún, que los ayuden a transportar los explosivos.
A pesar de que el funcionario reconoció haber realizado la acción de la que se le acusa, y el gobernador Luque anunció su cambio, hasta la fecha no se concreta ninguna sanción efectiva. Peor aún, según informaciones de la zona, en los últimos días se habría desatado una campaña que buscaría cambiar al general Tello de la Jefatura Policial en Puno.
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