Fuente: Diario Gestión
El empresario señala que la compañía seguirá con su intención de lograr un “trato directo” con el Estado peruano en tribunales extranjeros por el DU 003.
Mauricio Cruz, quien reemplazó en el cargo a Jorge Barata, nos recibe en su oficina, ubicada en el distrito de San Isidro. Pese a que el presidente Pedro Pablo Kuczynski el 24 de enero consideró que la firma debería irse del país, el empresario reitera que la intención es continuar en el Perú.
¿Cuántos son los bienes y activos que tiene la empresa en el Perú?
Nuestra participación en el Perú principalmente se da en concesiones, está por encima de los US$ 2,000 millones. Tenemos Chaglla, Olmos, Chavimochic, Interoceánica Norte, Interoceánica Sur y una participación en Rutas de Lima. En cuanto a las obras, todas están paralizadas, como la del Intercambio Vial del Derby, Gasoducto, Costa Verde del Callao y Chavimochic.
Usted dijo que ya hay compradores para algunas obras que tiene la empresa, pero hasta el momento no se concreta la venta. ¿Qué responsabilidad tiene el Ministerio de Justicia?
Nosotros no entendemos lo que está pasando, es algo que no tiene una lógica.
¿Por qué?
Porque hemos hecho todo el esfuerzo posible para poder ubicar y encontrar compradores para los bienes, ya tenemos dos concesiones (Chaglla y Olmos) con contrato de compraventa firmados hace meses, pero el Ejecutivo no nos ha dado autorización para vender.
El Congreso ha aprobado la ampliación de la vigencia del DU 003 de uno a seis años. ¿Qué le parece?
La opinión legal de nuestros abogados es que ese decreto es totalmente inconstitucional e ilegal, no respeta los contratos. Nuestra empresa tiene su matriz en Europa y está bajo la protección de tratados bilaterales de Luxemburgo y Perú. Hemos visto que no se están respetando esos tratados.
Ante esto, Odebrecht ha interpuesto una denuncia contra el Estado peruano en el exterior. ¿Cómo va ese proceso?
La matriz de Odebrecht es la que intentó, en cámaras internacionales, la posibilidad de abrir un “trato directo” con el Estado, porque la idea principal es buscar una solución para pagar las deudas.
¿En esta etapa de “trato directo” buscan llegar a un punto de conciliación con nuestro país o lo ven difícil?
Todo dependerá del Estado peruano. La empresa, cuando pidió un “trato directo”, fue para llegar a un acuerdo que le permita vender sus cosas, pagar sus deudas y voltear la página. Si el Gobierno va a participar de este proceso, no lo sabemos, habrá que preguntarles a ellos.
¿Cuál es la relación actual de la empresa con Jorge Barata?
Jorge Barata no tiene ninguna relación con Odebrecht Perú. Él se desvinculó de la empresa a fines de diciembre y está participando del proceso de colaboración eficaz, pero no tiene una actuación corporativa.
Además de Jorge Barata, ¿qué otros directivos o exdirectivos están colaborando con la justicia peruana?
Habrá más colaboradores, pero ese es un tema que se está tratando en la vía judicial, no le puedo dar más detalles.
¿Cuántos son en total?
No sabemos cuántos son, porque eso dependerá de lo que solicite la Fiscalía. Si el Ministerio Público pide que vengan otras personas a participar, estas, cuando estén aquí, podrán acogerse a la colaboración
¿Como Ricardo Boleira y Raymundo Serra?
Ellos ya no trabajan aquí. Cuando yo llegué, en diciembre, el primero ya no estaba acá y el señor Raymundo se ha jubilado y está viviendo en Brasil, no tiene ningún vínculo con Odebrecht Perú.
Estas personas tuvieron una gran participación en la empresa, luego de Barata. Tienen información clave sobre el caso…
Ellos no tienen ninguna actuación con Odebrecht Perú. Lo que sí he visto es que los accionistas de la empresa han pedido a todas las personas que hayan participado en cualquier acto que estén disponibles para eso. Cuando la Fiscalía necesite información, cualquier persona que tenga algo que decir estará a disposición.
¿Cuánto falta para cerrar el acuerdo de colaboración eficaz entre la empresa y la Fiscalía?
Los abogados están tratando de ver ese tema. No sé qué tan avanzadas están las conversaciones, pero es un proceso largo, porque la Fiscalía hace su corroboración, que demora mucho tiempo. Los colaboradores están a la disposición.
El ministro de Justicia, Enrique Mendoza, señaló que le pedirá al Poder Judicial que nombre a un veedor en cada empresa de Odebrecht para que puedan ver directamente las operaciones. ¿Qué le parece la propuesta?
Nosotros no entendemos bien esa propuesta, no sabemos cómo eso pueda funcionar. La empresa se ha puesto a derecho, está sometida a proceso, está dispuesta a vender todo lo que tiene en el país para pagar sus deudas.
¿Cómo interpreta esta medida anunciada por Mendoza?
Eso es una intervención, no entiendo por qué necesita poner un veedor para ver las ventas, porque esto está dentro del mismo ministerio. No vemos cómo eso puede funcionar, pero tampoco podemos criticar.
