Nota de prensa 

Más de la mitad de casos fueron quejas.

Representante de la Defensoría del Pueblo resaltó participación de la institución para fomentar el diálogo durante conflicto agrario.

Tras hacer un balance de la labor efectuada en el 2020, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ica informó que realizó 2188 atenciones relacionadas a la defensa de los derechos de las personas. El 58 % de casos fueron quejas, seguido de un 42% conformado por pedidos de intervención y consultas.

Entre las instituciones más quejadas estuvieron los establecimientos penitenciarios, gobiernos locales, EsSalud, centros médicos y el Gobierno Regional, que abarcaron el 63 % de los casos como consecuencia de los reclamos tras el inicio de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

De otro lado, los derechos más vulnerados estuvieron relacionados a servicios de salud, con el 32 % de los casos. En ese sentido, el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ica, Jorge Hernández, explicó que se intervino para garantizar el derecho a la salud de las y los internos de los penales de Ica y Chincha, así como de pacientes que requerían atención en los establecimientos de salud de primer nivel.

Del mismo modo, se exigió al Gobierno Regional de Ica publicar la disponibilidad de camas de hospitalización y camas UCI, así como de oxígeno medicinal. La falta de este último elemento cobró especial atención, por lo que se supervisó el abastecimiento en todos los hospitales de la región.

Asimismo, indicó que el 22 % de los casos atendidos se refirieron a demoras en los procedimientos administrativos a cargo de distintas entidades. “También se intervino para exigir protección hacia las mujeres víctimas de violencia, al advertirse retrasos en las actuaciones judiciales”, precisó.

En el ámbito de los gobiernos locales, se supervisó la implementación de protocolos de bioseguridad frente al COVID-19 en el transporte urbano y en centros de abasto, así como el otorgamiento de canastas de víveres a personas en condiciones de pobreza y extrema pobreza.

Las supervisiones desarrolladas en el contexto de la pandemia tuvieron como foco de atención también los centros residenciales de niñas, niños y adolescentes y casas de reposo para personas adultas mayores.

Jorge Hernández destacó también el rol que tuvo la Defensoría del Pueblo en el conflicto agrario ocurrido en la Panamericana Sur, en donde se intervino en varios puntos, habiendo supervisado la labor del Ministerio Público y de la Policía Nacional en relación a las personas detenidas, así como la entrega de ayuda humanitaria a favor de las personas varadas. Además, la Defensoría del Pueblo participó activamente en las reuniones que tuvieron como objetivo fomentar el diálogo con las autoridades para solucionar el conflicto.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ica reiteró su compromiso institucional de continuar trabajando en defensa de los derechos de la ciudadanía y recordó que pueden presentar sus quejas a través de los números 056-212950 o 056-221814, la línea de emergencia 945084215 o el correo electrónico odica@defensoria.gob.pe.