Fuente: Defensoría del Pueblo
Lima, 5 de enero de 2021.- Al haberse tomado conocimiento por denuncias públicas sobre la retención de pacientes o cadáveres por falta de pago en establecimientos de salud, la Defensoría del Pueblo señala:
1.- La retención de pacientes o cadáveres por falta de pago en los establecimientos de salud es ilegal, y así está expresamente contemplado en el el artículo 70 del Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, aprobado por el D.S. Nº 013-2006-SA, que dice: “Queda terminantemente prohibido que el establecimiento de salud retenga o pretenda retener a cualquier usuario o cadáver para garantizar el pago de la atención médica prestada, o cualquier otra obligación. Así también, por esta razón, no podrá retenerse la entrega del certificado de nacimiento o defunción”.
2.- Las personas afectadas por este tipo de prácticas pueden presentar su denuncia ante la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), que es la autoridad competente para sancionar cualquier hecho o acto que constituya una vulneración de los derechos de usuarias y usuarios de los servicios de salud.
3.- La sanción que puede imponer Susalud, de acuerdo a su Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado por D.S. 031-2014-SA y modificatorias, va desde una amonestación hasta una multa de hasta 100 Unidades Impositivas Tributarias (S/ 440 000).
4.- Las personas retenidas contra su voluntad por los establecimientos de salud, también tienen el derecho de interponer un recurso de habeas corpus ante el Juez Penal de turno, ya que se estaría violando el derecho fundamental de la libertad individual de las personas.
La Defensoría del Pueblo insta a todas/os las/os ciudadanas/os a hacer respetar su derecho; a los establecimientos de salud a no incurrir en este tipo de prácticas y a adoptar medidas disciplinarias contra los funcionarios que resulten responsables; así como, a Susalud a mantenerse vigilante para que estos hechos no vuelvan a suceder.
La Defensoría del Pueblo estará vigilante frente a este tipo de prácticas ilícitas contra usuarias y usuarios de los servicios de salud.
