Fuente : Agencia Andina
Empresa pagó hasta el momento S/ 102 millones
El Estado peruano cobró 22 millones de soles de parte de la empresa Odebrecht, como parte del pago de la segunda cuota de la reparación civil, informó la Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato.
El pago se realizó de acuerdo al cronograma de cuotas anuales establecido en el acuerdo de colaboración eficaz, que suscribió la referida compañía con el Equipo Especial del Ministerio Público y la Procuraduría ad hoc.
La segunda cuota se suma a los 80 millones de soles que la empresa Odebrecht pagó en el 2019 por la primera, con lo cual el Estado peruano ha cobrado a la fecha 102 millones de soles por concepto de reparación civil de parte de la compañía brasileña.
El Acuerdo de Colaboración Eficaz estableció que Odebrecht debía indemnizar al Estado peruano con 760 millones (610 millones más 150 millones de intereses legales, aproximadamente) tras haber reconocido actos de corrupción en cuatro proyectos: Carretera Interoceánica Sur, Tramos 2 y 3; Línea 1 del Metro de Lima, Tramos 1 y 2; Vía de Evitamiento del Cusco y Vía Costa Verde, Tramo Callao.
Cambio de nombre no afecta el acuerdo
La Procuraduría ad hoc también informó que si la empresa Odebrecht cambia de nombre o de razón social, ello no afectará la ejecución del acuerdo ni las obligaciones de carácter penal y civil que tiene la compañía.
Precisó que hay cláusulas que señalan que, en caso de venta, fusión o transformación de la empresa colaboradora, las obligaciones de esta con las autoridades peruanas se mantienen.
“El acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht es uno de los instrumentos jurídicos más importantes que tiene hoy el Estado peruano en la lucha contra la corrupción, la impunidad y el crimen organizado”, indicó.
El convenio facilita la obtención de información y pruebas sobre los casos vinculados a las cuatro obras en las que Odebrecht ha reconocido culpabilidad, pero también permite recibir información y evidencias en más de 30 casos que actualmente viene investigando el Ministerio Público.
Asimismo, deja abierta la posibilidad de que haya reconocimiento de culpabilidad en otros proyectos, con lo cual también aumentaría la reparación civil en favor del Estado.
