Nota de prensa

Empresa no repone hasta ahora el asfalto afectado en las vías públicas de la ciudad.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Lambayeque demandó a la Municipalidad Provincial de Chiclayo fiscalizar y regular los procedimientos de los trabajos de instalación de redes de gas natural que se realizan en diversas calles y avenidas de la ciudad, a fin de garantizar que la empresa Gases del Pacífico S.A.C., responsable de esta obra, cumpla con el recojo del desmonte acumulado, reponga el pavimento y mantenga limpia y ordenada la ciudad.

Tras una supervisión realizada por la institución, se detectó que la referida empresa aun no repone parte del pavimento en la cuadra 4 de la avenida Víctor Raúl Haya De La Torre, en la urbanización Villareal, así como en la cuadra 2 de la calle Capirona. Asimismo, en la cuadra 3 de la calle Leoncio Prado, en el centro de la ciudad, también hay montículos por recoger y adoquines que se deben reposicionar, ya que esta calle cuenta con otro tipo de pavimento.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Lambayeque ha tomado conocimiento de las numerosas quejas de la ciudadanía que muestran su disconformidad por los trabajos inconclusos de la referida empresa. Ante ello, la entidad notificó al municipio chiclayano la situación presentada, para que fiscalice la culminación de las obras. Sin embargo, aún persisten los problemas expuestos.

De acuerdo a la Ley Nº 30477, que regula la ejecución de obras de servicios públicos autorizadas por las municipalidades en las áreas de dominio público, corresponde a la Municipalidad de Chiclayo fiscalizar las zonas donde autorizó los trabajos de instalación de gas. En ese sentido, se exigió a la comuna de Chiclayo que cumpla este deber legal, identificando permanentemente las zonas de instalación de gas ya concluidas para que intervenga ante los daños ocasionados, demando su reparación y, a su vez, aplicando las sanciones con rigor.

La institución estará atenta a las acciones que realice la Municipalidad de Chiclayo, a fin de garantizar que se defienda con efectividad los interesas de la comunidad y se solucione este problema que afecta gravemente el ornato, la limpieza pública y el orden en la ciudad, toda vez que ello pone en riesgo la seguridad de las personas, la propiedad privada y la seguridad pública; en caso contrario se tomarán las acciones necesarias en defensa de los derechos de la ciudadanía.