No permiten colocar grapas ni remediar zona afectada, poniendo en peligro la Amazonía
Gerente de Responsabilidad Social y Comunicaciones de Petroperú, Beatriz Alva Hart denuncia que se ha detectado la participación activa del funcionario de la DIRESA, el técnico en enfermería Ismael Pérez, azuzando a la violencia y proporcionando información errada a la población.
RCR, 14 de noviembre 2017.- Los pobladores de la comunidad de Chapis, en Loreto, azuzados por elementos violentistas, pretenden extorsionar a las autoridades del gobierno y de Petroperú, para que se les pague una indemnización de 10 millones de soles, aparte de 200 soles por día a los dirigentes de la comunidad, y la contratación a la empresa comunal para que efectúen el trabajo de remediación, por el derrame de crudo detectado por la empresa el miércoles pasado, denunció la gerente de Responsabilidad Social y Comunicaciones de Petroperú, Beatriz Alva Hart.
Desde esa fecha, los comuneros de Chapis se han instalado en la zona de manera amenazante, y no permiten que personal de Petroperú y del ministerio de Energía y Minas, realicen la colocación de una grapa en el oleoducto, a la altura del kilómetro 221.5 del Ramal Norte, a fin de detener el derrame de crudo y evitar un mayor impacto en el medioambiente.
“Esta situación es inaceptable. No podemos permitir esta extorsión por dinero, porque se está poniendo en riesgo no solo a la comunidad de Chapis, sino a las poblaciones de las comunidades aledañas y de la Amazonía. Si no dejan colocar la grapa, las lluvias van a arrastrar y extender el crudo, dañando todo a su paso y provocando un impacto ambiental catastrófico”, afirmó.
Mencionó que la empresa está abierta al diálogo con quienes tengan algún reclamo, pero por la situación de emergencia provocada por el derrame, es imperativo que el asunto se solucione en el más breve plazo. Precisó que durante las protestas y manifestaciones de los comuneros se ha detectado la participación activa de un funcionario de la Dirección Regional de Salud, el técnico en enfermería Ismael Pérez, azuzando a la violencia y proporcionando información errada a la población.
“No es posible que un empleado de Salud, que se supone debería estar laborando en su horario de trabajo, se dedique a poner en riesgo la vida de niños y mujeres de menores recursos”, alertó Alva Hart. En ese sentido, espera que las autoridades correspondientes tomen las acciones administrativas y legales contra el referido funcionario.
La gerente señaló que también que han iniciado los procesos judiciales y puesto las denuncias del caso, con individualización de los presuntos responsables de los delitos cometidos, para que la Policía Nacional y el Ministerio Público tomen cartas en el asunto y procedan a realizar su trabajo.
“No se puede permitir que se utilice a las comunidades como trampolín político para usufructuar beneficios personales, ahora que se acerca la campaña electoral en todo el país”, expresó.
CRONOLOGIA
Alva Hart relató que el último miércoles 8 de noviembre, un equipo de Petroperú advirtió un derrame de petróleo a la altura del kilómetro 221.5 del Ramal Norte, e inmediatamente procedió a activar el sistema de contingencia para levantar las barreras de contención para evitar que el crudo se siga expandiendo.
“El tubo en esa zona se encuentra enterrado a 1.5 metros de profundidad y para determinar la causa de la falla y ponerle una grapa temporal se tenía que empezar el trabajo de excavación, pero en ese momento llegaron pobladores de la comunidad de Chapis e impidieron los trabajos”, informó.
Inmediatamente, se hicieron las denuncias ante la policía y la fiscalía, quienes junto a los funcionarios de la empresa y del ministerio de Energía y Minas, invocaron a la población permitir colocar la grapa temporal, e iniciar un diálogo alturado, pero no les hicieron caso, explicó Alva Hart.
“El día lunes, personal de Petroperú y de Energía y Minas volvieron a intentar el dialogo pero tuvieron que salir escapando ante la masa de comuneros amenazantes instalados en el aguajal donde se produjo el derrame. Se temió por sus vidas”, reveló.
Preciso que es necesario contener la salida del crudo, porque si bien el ramal norte no está operando hace bastantes meses, hay crudo dentro de la tubería con un determinado nivel de presión, lo que hace imprescindible poner la grapa, pero los comuneros se han negado hasta hoy.
Es en ese punto que algunos pobladores que fungen de dirigentes presentaron un papel con una lista de peticiones como la indemnización, el pago a los dirigentes, y la contratación a la empresa comunal para que efectúen el trabajo de remediación.
“No es otra cosa que plata lo que están exigiendo con estos actos de extorsión, porque la posible afectación al ambiente en esta zona, por no contener el derrame, perjudicará a la Amazonía en su conjunto y es algo que no se debe permitir”, dijo.
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