RCR, 16 de abril 2018.-Las nuevas modalidades de delito vinculadas con la criminalidad organizada en construcción civil como el cobro de cupos, sicariato, extorsión, marcaje, y otros delitos, como es el  caso de “Los capos de la construcción”, se incrementaron hace un tiempo por efecto del boom de la construcción, pero ahora han recrudecido y se están trasladando a provincias, como consecuencia de la reconstrucción en el norte, sostuvo Miguel Hidalgo, general ® de la Policía Nacional del Perú (PNP) y ex ministro del Interior.

A través de Red de Comunicación Regional (RCR), dijo que los operadores de Justicia como la policía, los jueces y los fiscales deben hacer su mejor esfuerzo para combatir estos flagelos.

“Desde hace un buen tiempo, los gremios de construcción civil dejaron de ser un grupo tumultuoso que hacían manifestaciones corporativas y violentas en las calles, para ir transformándose en seudo sindicatos, en organizaciones criminales que han hecho de la extorsión y sicariato su forma de generar violencia”, apuntó.

Si bien se han hecho algunos esfuerzos para combatir esta nueva modalidad delictiva, como la promulgación del Decreto de Urgencia 1187 – Ley de violencia en construcción civil – y la   conformación de la Unidad de Protección de Obras Libres en la PNP, aún queda mucho por trabajar, comentó.

CRIMEN EN EL NORTE

Aparecido el proceso Lava Jato como un fenómeno de corrupción, el problema de la criminalidad en las obras pasó a un segundo plano, sin embargo, ante la decisión de reconstruir ciertas zonas en el norte del país afectadas en marzo del año pasado por el fenómeno del Niño Costero – Trujillo, Lambayeque, Tumbes y Piura -, varios de los grupos criminales de Lima y Callao se trasladaron al norte para hacer de estas obras sus objetivos delictivos.

En tal sentido, los criminales han puesto sus ojos en esas regiones para poner en peligro las obras, y que estas se ejecuten con normalidad. La actividad delictiva afecta la seguridad ciudadana, el derecho al empleo, desnaturaliza la libertad de contratación y genera homicidios entre grupos criminales que ponen en disputa determinadas obras, acotó.

Estas organizaciones casi siempre tienen como aliados a malos policías, notarios corruptos, y malos funcionarios dentro del aparato del estado especialmente en las municipalidades donde se verifican las licencias construcción.

“La criminalidad organizada tendrá su mejor respuesta cuando funcione eficientemente todo el sistema de justicia, a nivel nacional. Esto es, policías capaces y preparados para investigar delitos complejos, fiscales con capacidad de organizar y apuntalar la acusación con el cuerpo de la prueba, y jueces que tengan las herramientas y la decisión de aplicar todo el peso de la ley a los acusados. A ello hay que agregar, un óptimo sistema de inteligencia y los últimos adelantos en tecnología para que todo este aparato sea eficiente en combatir delitos tan complejos”,

Esta respuesta se fortalece también comprometiendo a una serie de elementos fundamentales, como por ejemplo, a las autoridades regionales, provinciales y distritales, así como a los propios ingenieros y constructores, para que participen filtrando información relevante, y denunciando a quienes los pretenden extorsionar o cobrar cupos.

LOS CAPOS

“Los capos de la construcción” son un grupo de cerca de 40 criminales que operaban en Piura, Paita, Sullana y Lima desde hace seis años. Sus víctimas eran empresas de la construcción y trabajadores, a quienes les cobraban cupos para permitirles operar en determinadas zonas.

Los criminales extorsionaban a los empresarios, exigiéndoles el pago mensual de cupos, así como el ingreso de sus trabajadores a las diferentes obras. A estos últimos les cobraban S/. 200 soles por la plaza de trabajo y S/. 40 soles para mantenerla.