Fuente: Andina 

Defensoría del Pueblo advierte deficiencias en habitaciones, cocina y servicios higiénicos

La Defensoría del Pueblo recomendó al Poder Judicial el urgente mantenimiento de la infraestructura del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación José Quiñones Gonzáles, ubicado en el distrito de Pimentel, provincia de Chiclayo, a fin de garantizar la salud e integridad de sus 139 adolescentes internos.

Durante una reciente visita de supervisión al establecimiento, construido en 1968, la Defensoría del Pueblo advirtió que el tópico y la cocina cuentan con espacios reducidos. La infraestructura deteriorada de esta última resulta poco favorable para el almacenamiento y preparación de alimentos. EN tanto, los seis dormitorios y los servicios higiénicos tampoco se encuentran en buen estado.

“Las instalaciones eléctricas son antiguas y funcionan con dificultad, lo que podría ocasionar un riesgo eléctrico al interior del local. La falta de hidrantes cercanos al local del centro juvenil no permitiría una rápida atención, en caso se produzca un incendio”, advirtió.

En cuanto a la seguridad, la Defensoría del Pueblo constató que en los exteriores del centro juvenil se registra un puesto de auxilio rápido de la Policía Nacional del Perú y las paredes del cerco perimétrico se encuentran en buen estado.

Sin embargo, identificó que a pesar de contar con 16 cámaras de video vigilancia, estas son operadas por una sola persona durante un solo turno, quien además realiza labores de control de ingreso y salida al recinto.

Refirió que el 30% de los internos son mayores de edad. En la actualidad este centro alberga adolescentes infractores de 5 regiones: Amazonas, Áncash, Cajamarca, Lambayeque y San Martín.

“El albergue cuenta con un presupuesto mensual insuficiente para cubrir todos los gastos de funcionamiento y mantenimiento del centro juvenil, lo cual incluye alimentación y salud”, precisó la Defensoría del Pueblo.

En vista de esta situación, la Defensoría del Pueblo recomendó a la dirección del centro juvenil que solicite ante el Poder Judicial un presupuesto adicional que le permita realizar el mantenimiento de la cocina y los dormitorios, así como la reparación de los servicios higiénicos.  Además, recomendó solicitar la contratación de un trabajador que se encargue del funcionamiento y monitoreo de las cámaras de seguridad.

La Defensoría del Pueblo aseveró que continuará monitoreando el cumplimiento de las recomendaciones formuladas, con el objetivo de prevenir futuros hechos de violencia y garantizar los derechos de los adolescentes privados de su libertad.

Finalmente, reiteró la necesidad de declarar en emergencia los centros juveniles a nivel nacional y que se les asigne el presupuesto necesario para el mejoramiento de sus infraestructuras.