Por Ántero Flores-Aráoz

El escándalo Lava Jato ocurrido en Brasil, con ramificaciones corruptas en varios países del continente, en relación con obras públicas de infraestructura y concesiones otorgadas a la empresa Odebrecht, han conmocionado a todo el Perú.

Evidentemente una cosa es sospechar de actos de corrupción, con la contratación de obras públicas amañadas y concesiones a dedo, y otra cosa que ello se pruebe, más aún cuando la principal responsable corporativa es la empresa Odebrecht, en que algunos de sus funcionarios, al prestar la colaboración también llamada en el país de la samba,  “delación premiada”, han confesado que dieron coimas a funcionarios peruanos para lograr las adjudicaciones de buena pro, al asignar obras para su ejecución.

Leer las confesiones, escuchar los audios y ver las imágenes, es aleccionador y estremece, acreditando por los demás que una imagen vale más que mil palabras.  No olvidemos que tuvimos como antecedente los videos que mostraban en el Servicio de Inteligencia Nacional, las imágenes en que el asesor presidencial de la década de los 90, compraba con fajos enormes de billetes, conciencias y voluntades, tanto de políticos como de periodistas y propietarios de medios de expresión de todo tipo.

Como consecuencia de las imágenes y antecedentes referidos, tenemos que por lo general los funcionarios públicos del Gobierno Central, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, tienen miedo de firmar cualquier resolución. Si deciden algo se hacen avalar por infinidad de informes y sellos.

Lo señalado significa que hay obras que se han interrumpido y que se mantienen en esa situación sin ser reiniciadas, hay procesos de adquisición de bienes y servicios que no tienen cuando acabar y hay obras que se deben hacer. pero hay temores para los procesos de contratación y adjudicación.

Importantes porcentajes de los recursos presupuestales asignados para obras se devuelven a la caja fiscal, lo que decepciona a las poblaciones que tenían vivas esperanzas de desarrollo con nuevas vías y carreteras, con obras de saneamiento, con hospitales y escuelas imprescindibles, pero que no se hacen.

Los proyectos privados, sean mineros, eléctricos, de hidrocarburos y muchos otros que requieren de autorizaciones, permisos, licencias y concesiones del Estado, están paralizados por simple miedo de autoridades temerosas de firmar las respectivas resoluciones, con el agravante de que los inversionistas no son masoquistas para ser maltratados, cuando tienen otros países en que su capital es bien recibido.

Nos preguntamos ¿qué fue del tren de cercanías? Cuya oferta se repitió más que las mil y una noches, con el cual no solo facilitaría el transporte de bienes y personas, sino también haría posible “puertos secos” privados para mejorar la logística para nuestro comercio exterior.

Nos preguntamos también sobre la ofrecida nueva carretera central, cuando la actual ya colapsó, y así podríamos seguir hasta el cansancio.  Lo cierto es que, existiendo recursos, el miedo a las responsabilidades parece pánico. Debemos terminar con el síndrome Odebrecht, ya que quien no la debe no la teme.  Existen muchos funcionarios decentes, aunque adormecidos por los temores.