LEYES SI, DECLARACIONES NO

Redacción 12 de junio del 2018 - 9:38 AM

Por Ántero Flores-Aráoz

Antiquísima expresión indicaba que hay que educar al soberano, lo que en el caso de parlamentarios podría traducirse en que hay que ilustrar a los congresistas, pues recurrentemente se saltan a la garrocha claras disposiciones constitucionales.

Las más repetidas transgresiones a la normatividad son las relacionadas con el dictado de leyes declarativas, forzar creación de circunscripciones territoriales, y disponer gastos a cargo del Estado.

Dictar leyes declarativas es un despropósito, dado que las leyes son órdenes que todos están obligados a cumplir, las que complementariamente requieren de un procedimiento para ello y sanciones por el incumplimiento.  Una ley declarativa no ordena nada, y su valor jurídico es lírico, y ello con perdón de la lírica. El ratio es que la cuarta parte de las leyes son declarativas.

Las más frecuentes leyes declarativas son las que señalan como patrimonio de la Nación cualquier cosa que se les ocurra, las que declaran de necesidad pública y de interés nacional la ejecución de obras públicas, así no estén presupuestadas, como también universidades, escuelas y hospitales.  Simple letra muerta, casi casi como papel mojado en tinta.

Como si lo expuesto no fuera suficiente y en vista que la creación de provincias y distritos tiene que ser por iniciativa del Poder Ejecutivo (inc. 7 del art. 102 constitucional), tratan en el Congreso de darle la vuelta declarando de interés nacional la creación de cualquier distrito, que, por supuesto no se crea, pero se queda regio ante los pobladores de la localidad que serán próximos electores.

Lo que llega al paroxismo son las iniciativas de gasto desde el Parlamento, lo que de suyo es grave pues rompe la disciplina presupuestal, en que no deben existir egresos si es que no se cuenta con los ingresos.  El Presupuesto General de la República es en realidad un instrumento de planificación estatal, el que no debe ser petardeado.  La norma constitucional es clara, los congresistas carecen de iniciativa de gasto, salvo en lo que concierne al presupuesto del Congreso (art. 79)

El Ejecutivo, muchísimas veces, tiene que hacer malabares para contentar a los parlamentarios, que por vías indirectas pretenden generar más gastos. Por ejemplo, es justa la nivelación de pensiones en el sector militar, pero por la situación que atraviesa el erario nacional solo puede hacerse en forma progresiva.  También en cuanto a los trabajadores del régimen CAS para su inclusión en los sistemas retributivos generales.

Para tratar de no sancionar más leyes declarativas, se pretende que su proposición se presente como moción de orden del día, pero esto no soluciona el tema, siempre se pierde tiempo con declaraciones ineficaces, cuyo solo trámite ya le cuesta al país en tiempo y recursos.

La solución no son más leyes ni reformas reglamentarias del Congreso, sino tomar acuerdos políticos para que todo proyecto de norma declarativa sea enviado por un tubo al archivo, debiéndose encargar las polillas de terminar con su existencia.