DE LAVA JATO A ARREGLA JATO

Redacción 16 de febrero del 2018 - 2:34 PM

Por Ántero Flores-Aráoz

Como consecuencia del escándalo de corrupción denominado “Lava Jato” de las constructoras brasileñas que operaban en el Perú, un año atrás se dictó un Decreto de Urgencia, el que a juicio del autor de esta nota, tenía por objetivo separar la persecución por los actos delictivos, de la prosecución de las obras.

En buen romance se trataba de llevar en cuerdas separadas la investigación, procesamiento y punición de los delitos, lo que correspondía denunciar a los Procuradores del Estado ante el Ministerio Público, y este, como titular de la acción penal llevarlos a los estrados judiciales.

Al otro lado, que las obras públicas no se detuvieran, que siguieran ejecutándose, y todo ello para evitar que miles de trabajadores de construcción civil perdieran sus empleos.  Más aún, impedir que se rompiera la cadena de pagos, pues al estar paralizadas las obras, las constructoras no tendrían ingresos ni siquiera para pagar sus deudas a proveedores de bienes y servicios, como las industrias vinculadas con la actividad constructora.

El buen propósito del Decreto de Urgencia no fue bien entendido, pero tampoco bien ejecutado, y por mucho tiempo no se planteó con claridad la necesidad de sustituirlo por Ley, es decir, dejar la transitoriedad del Decreto de Urgencia para tomar la vía de la normatividad permanente.

Tampoco los operadores de la ley, supieron distinguir la punición de la ejecución de obras, y hubo asimismo conflicto de posiciones entre los procuradores que se sentían autónomos sin serlo, y los fiscales, y estos últimos con los jueces.

La situación se agravó con el descubrimiento del llamado “Club de los Constructores”, en que se ponían de acuerdo para el “ruleteo” de obras públicas, arreglando los procesos de contratación de forma tal que salieran adjudicadas en el orden privadamente establecido.

En la práctica con la investigación de las Constructoras vinculadas a “Lava Jato”, se hizo trizas a las constructoras del primer nivel, a las que se agregó las de segundo nivel por lo del “Club de los Constructores”. El resultado es que hoy son pocas las constructoras no comprometidas o por lo menos no investigadas.

Entre idas y vueltas, el Poder Ejecutivo ha presentado al Congreso un buen proyecto de ley para resolver con claridad el problema de tener en una sola vía el aspecto punitivo y el de ejecución de obras. El proyecto de ley, lamentablemente no ha habido tiempo para dictaminarlo y debatirlo. Por ello el Ejecutivo, con el beneplácito de las Comisiones Parlamentarias de Economía y Justicia, ha dictado una nueva norma de urgencia, prorrogando por un mes la vigencia de la primigenia.

Esperamos que dejando de lado posiciones para las tribunas y “politiquería” de equívocos resultados, sea posible que tanto parlamentarios como ministros puedan lograr textos satisfactorios que solucionen la situación, que de por si ha recibido un nuevo remezón al anunciar el Sistema Financiero que no seguirá apoyando con créditos y fianzas a las constructoras en cuestión.

Tenemos que pasar de “Lava Jato” a “Arregla Jato”.