Por Antero Flores-Araoz

Todo este problema que se vive en el país por la destitución de la Presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Dra. Julia Príncipe y de la Procuradora Dra. Katherine Ampuero, se debe principalmente a que el Gobierno sucumbió a indebidas presiones para dar autonomía a los procuradores públicos, lo que no corresponde.

En enero del presente año, y en virtud de las facultades delegadas por el Congreso, el Gobierno emitió el Decreto Legislativo 1326, por el cual se modificó integralmente el Sistema de Defensa Jurídica del Estado dándose indebidamente autonomía a los Procuradores.

La autonomía que el Gobierno dio a los procuradores no corresponde, pues de acuerdo con la Constitución los procuradores son los abogados defensores del Estado, principalmente en los procesos judiciales, constitucionales y supranacionales, entre otros, pero no pueden ser autónomos pues tienen que depender de quien les da el encargo de defensa, que son las reparticiones públicas a las que se encuentran adscritos.

Los procuradores son en buena cuenta los abogados de un “CLIENTE” llamado Estado, y por su propia naturaleza tienen que cumplir con lo que les señala su defendido y no lo que les viene en gana.  El propio Código de Ética del Abogado, determina que este “…debe actuar atendiendo estrictamente a las instrucciones del cliente, y de acuerdo con el encargo encomendado”.

Al haber dado el Gobierno autonomía a los procuradores, lo que ha hecho es confeccionar la propia cuerda con la que luego puede ser ahorcado por cualquier Procurador, y hoy en día los procuradores pueden hacer lo que les da la gana. El Gobierno está pagando la impericia de haber expedido el Decreto Legislativo 1326, el que ni siquiera ha podido hasta ahora reglamentarlo, pese a que ha que ya pasó más de medio años de su expedición.