RCR, 22 de marzo 2019 .-La teoría gubernamental de la supuesta “autonomía irrestricta” de la procuraduría pública es “falaz” y “muy irresponsable”, ya que los procuradores no están en capacidad de decidir sobre los derechos e intereses del Estado, afirmó el expresidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Marcos Ibazeta.

“No. Me parece que es una afirmación falaz. Y. además, muy irresponsable y que desconcierta. Porque no responde a una teoría mínima del Estado. Los procuradores no pueden decidir sobre los derechos del Estado, ni sobre los intereses de éste en ningún proceso”, subrayó.

Precisó que las leyes les otorgan a los procuradores una autonomía procesal para actuar cumpliendo sus deberes procesales, en defensa de los derechos e intereses del Estado.

“Y esto se define por los sectores correspondientes que manejan criterios de macro y micro economía, dentro de políticas de Estado, políticas sectoriales y políticas generales. Por tanto, el procurador no gobierna el Perú. Esto es un tema constitucional. La administración de la hacienda pública está cargo del presidente de la República y con su Consejo de Ministros”, puntualizó.

Y tras explicar que la hacienda pública es el conjunto del patrimonio y bienes que tiene el Estado, como titular, advirtió que cuando éste se ve afectado y resiente a las políticas generales de gobierno, a sus objetivos y a la moral pública, “entonces, el procurador no es el gobernante que va a determinar montos o que va a negociar a favor del Estado”.

“Esto es como si se contrata a un abogado. El abogado no le va a crear derechos ni va a definir qué es lo que le toca o no le toca a usted. Usted le va a decir cuál es su interés, cuál es su derecho afectado. Y van a llegar a un acuerdo, y usted le va a decir: yo quiero esta alternativa. Y con esa alternativa lo lleva a un proceso, y tiene que defender la que usted ha elegido. Entonces, usted ejerce control sobre su abogado. Igual es con el Estado”, argumentó.

En ese contexto, refirió que el Estado tiene para la defensa de sus intereses y derechos un Consejo de Defensa Jurídica, que es un órgano del portafolio de Justicia, presidido por el ministro del sector.  “Allí se traslada todo lo que el Estado define como su interés en determinadas relaciones jurídicas, en este caso como el tema de Odebrecht”, anotó.

Dijo, en conclusión, que el procurador no es autónomo para definir los derechos del Estado, si no que éste último los define de acuerdo al marco constitucional, por lo que –anotó- el ministro de Justicia está equivocado en este tema.

En todo caso, consideró que tanto el presidente de la República, como el titular del consejo de ministros, tienen que explicar quién administra la hacienda pública, ya que, constitucionalmente, su administración es potestad del Poder Ejecutivo, quien tiene que defenderla a través del procurador que depende del Consejo de Defensa Jurídico del Estado.

“Por lo tanto, lo que haga un procurador con un encargo de defensa específico sobre un derecho definido del consejo de ministros, que ha sido trasladado al Consejo de Defensa Jurídico del Estado, tiene que ser vigilado por el Consejo de Defensa Jurídico del Estado, porque si el procurador no negocia bien, no rinde cuentas y su trabajo procesal es pésimo, existe un Tribunal de Honor que lo va a investigar, y puede ser destituido si hace mal su trabajo”, especificó.

En diálogo con Red de Comunicación Regional (RCR), Ibazeta manifestó también que “es irresponsable” la argumentación del Poder Ejecutivo de que los procuradores tienen autonomía absoluta en un proceso, porque “quiebra toda idea de función estatal, sujeta a controles previos concurrentes y posteriores que defienda el interés del Estado, que es el de todos los peruanos”.

“O sea, ¿el interés del pueblo peruano está en manos del procurador que puede hacer lo que quiera, porque el ministro dice que tiene autonomía en un proceso? No”, enfatizó.

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, sostuvo, durante su argumentación ante el Congreso, que  los procuradores públicos son autónomos, por lo que el Poder Ejecutivo no puede ejercer injerencia, condicionamiento o influencia sobre la estrategia que desplieguen en su trabajo, en cuanto al acuerdo de colaboración eficaz suscrito con Odebrecht.

Explicó que los procuradores públicos son autónomos, en el ejercicio de sus funciones conforme al artículo quinto del Decreto Legislativo 1068.  Según Zeballos, si bien existe una relación funcional con el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que preside en su calidad de titular de Justicia, no existe dependencia funcional que admita injerencia por parte de dicho consejo en la labor técnica y jurídica de los procuradores.

Fiscalía no ha sido capaz de buscar información independiente sobre caso Lava Jato

De otro lado, el jurista dijo entender la desesperación de la Fiscalía que, como un ente autónomo, no ha sido capaz de buscar información por su cuenta sobre el caso Lava Jato, y depende al cien por ciento de dicha información, proveniente de Brasil.

“Pero ese cien por ciento tampoco está referido solamente a las declaraciones de los funcionarios    de Odebrecht, sino que tiene que ofrecer otra información. El asunto es que el Estado se ha puesto al nivel de Odebrecht.  Y Odebrecht le ha impuesto una colaboración en sólo cuatro casos, ha liberado al resto. Y en el Acuerdo lo que mortifica es que se le va permitir disponer de sus activos, transferir sus fondos. Y, además, volver a trabajar en el país”, aseveró.

Ibazeta expresó, en suma, que vamos a estar condicionados en información, a la vez que –anotó- la Fiscalía muestra una debilidad organizativa, al indicar la demora en la remisión del Acuerdo de Colaboración con Odebrecht, por ejemplo.

A su juicio, estimó que el único modo de que las empresas brasileñas entreguen información y sus exdirectivos declaren y demuestren la veracidad de sus dichos, es apretándoles el bolsillo. “Pero si   usted les llena el bolsillo, en corto tiempo esto va a quedar en nada”, concluyó.

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