Fuente: Defensoría del Pueblo
Fiscalías de Condorcanqui e Imaza no cuentan con personal médico que realice las evaluaciones periciales.
También, se requiere garantizar asignación de recursos presupuestales necesarios para llevar a cabo las notificaciones y diligencias pertinentes.
Debido al alto índice de denuncias de violación sexual y actos contra el pudor en agravio de niñas, niños y adolescentes indígenas de las provincias de Condorcanqui y Bagua, de la región Amazonas, la Defensoría del Pueblo solicitó al Fiscal de la Nación adoptar medidas urgentes, con pertinencia cultural, para garantizar una adecuada investigación, el esclarecimiento de los hechos y la determinación de la responsabilidad penal correspondiente.
Como es de público conocimiento, el 16 de mayo de este año, personal de la Dirección Regional de Educación de Amazonas denunció que, al menos 21 menores de edad de la comunidad nativa Kusu Chapi (distrito de Imaza, provincia Bagua), habrían sido víctimas de violencia sexual. Inmediatamente, la Defensoría del Pueblo solicitó la intervención del Ministerio Público, Policía Nacional y Centro de Emergencia Mujer para garantizar la atención de dichas víctimas y el inicio de las investigaciones sobre este grave delito.
Por otro lado, de acuerdo a un informe defensorial del 2017 se identificó un número elevado de denuncias sobre afectación a la libertad sexual en el ámbito escolar. Entre los años 2012 y 2017, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Condorcanqui recibió 216 denuncias de violencia sexual contra estudiantes, 41 de las cuales se registraron solo durante el 2017; mientras que en la Ugel IBIR-Imaza se registraron 26 casos entre el 2013 y 2017.
Debido a que estos hechos ocurrieron en provincias conformadas por comunidades nativas de los pueblos Awajún y Wampis, que se ubican a varias horas de las entidades que administran justicia, se recomendó a la Fiscalía de la Nación implementar cámaras Gesell en la zona y registrar los testimonios de las y los menores de edad agraviados evitando su revictimización. Asimismo, se recomendó contratar personal médico para realizar las evaluaciones periciales que permitan esclarecer tales hechos; así como asignar recursos presupuestales necesarios para las notificaciones y diligencias pertinentes.
La Defensoría del Pueblo exhorta al Estado a adoptar estas medidas con la urgencia requerida para atender la problemática y, sobre todo, para evitar la afectación a la integridad física, psicológica y sexual de las personas más vulnerables. Estas acciones deben realizarse a través de una adecuada coordinación con las autoridades comunales, bajo un enfoque de interculturalidad, y la articulación sostenida de esfuerzos entre los diversos sectores, niveles de gobierno y entidades responsables de impartir justicia.
