Movimiento “Pacto Jurídico en Defensa de las Mujeres Violentadas” impulsa trabajo conjunto con instituciones judiciales a fin de detener la ola de violencia hacia la mujer que sufre nuestro país.
RCR, 04 de enero 2018.- Con el objetivo de disminuir los altos índices de feminicidio que enlutaron a nuestro país el último año, el movimiento “Pacto Jurídico en Defensa de las Mujeres Violentadas” demandó a las autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público trabajar con mayor celeridad en los procesos judiciales por tentativa de feminicidio.
En declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR), Claudia Zumaeta, impulsora de dicho movimiento, aseguró que no basta con que las autoridades judiciales dicten medidas de prevención hacia una mujer víctima de violencia. Según dijo, lo que realmente se necesita es una acción inmediata y eficaz contra los agresores.
“Lo que queremos es acortar el tiempo para impedir que se pueda concretar el feminicidio. Y para ello es fundamental la labor de las autoridades. Tenemos que tener en cuenta que el hecho de tentativa debería ser suficiente para imponer una prisión preventiva o efectiva. Eso es algo que venimos trabajando y tratando de hacer entender en instituciones ligadas al sector justicia”, aseveró
Para cristalizar este pedido, Zumaeta comentó que el movimiento viene conversando con diversas instituciones relacionadas al sector justicia, así como también con organismos del Estado. La idea, según dijo, es sumar esfuerzos y trabajar en conjunto para evitar, a toda costa, que este 2019 se incremente el número de víctimas de feminicidio.
“Nuestra meta es articular al movimiento con el Estado, tendiendo puentes para que a través de las instituciones tengamos mayor celeridad en los procesos judiciales. Estamos convocando a diversas instituciones y también a abogados que quieran sumarse a este pedido. Mientras más voces sumemos, la justicia llegará más rápido para las víctimas”, subrayó.
Además, resaltó que uno de los objetivos del movimiento es llegar a las zonas más recónditas del Perú, allí donde cientos de mujeres no tienen la voz y –muchas veces- tampoco la autoestima necesaria para atreverse a denunciar las agresiones físicas, psicológicas o sexuales que sufren a manos de sus parejas o ex parejas.
“Nuestra idea es convocar a abogados de las zonas rurales más alejadas de nuestro país y convocarlos a que se sumen a esta línea de trabajo. Teniendo su apoyo, nosotros podríamos viajar hasta la provincia o centro poblado y llevar a cabo un trabajo preventiva mediante charlas informativas o asesoramiento a mujeres maltratadas”, añadió.
Respecto a los fallidos intentos del Estado Peruano para disminuir los números de feminicidio, Zumaeta indicó que esta problemática se debe, principalmente, a la “vehemencia generalizada” que ha enfrentado nuestro país en los últimos años, y que pasan por la educación, la salud mental, las políticas públicas e, incluso, la economía.
“Yo creo que existe un sinnúmero de factores por el cual el Estado no llega a todos los rincones del país y previene el feminicidio. Pero más allá del problema, confío en que con el trabajo conjunto podamos salir de esta situación, por el bien de las mujeres y en general de nuestra sociedad. El trabajo de ahora quedará para las futuras generaciones”, sostuvo.
EN DEFENSA DE LA MUJER
En otro momento, Zumaeta explicó en qué momento decidió enfocarse en el proyecto del movimiento “Pacto Jurídico en Defensa de las Mujeres Violentadas” y cómo este último viene ayudando a aquellas mujeres que sufren, día a día, agresiones de toda índole.
“Yo veía muchos casos de violencia en temas de divorcios o familias. Entonces, decidí que esto tenía que cambiar y yo iba a ayudar en ello. Hice una convocatoria y entonces comenzamos a hacer un proyecto que vaya tomando forma. Ahora, tenemos a diversos especialistas comprometidos y trabajando por nuestra causa: detener la ola de violencia a la mujer en el Perú”, agregó.
Por último, anunció que la segunda semana de este mes ya tienen previsto una mesa de diálogo, donde participarán abogados, psicólogos, civilistas y penalistas. Todos ellos trabajarán de manera conjunta para implementar nuevas iniciativas en defensa de la mujer.
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